La Sociedad Venezolana de Oncología (SVO) como parte de su compromiso de educación médica continua y compromiso en la lucha contra el cáncer, reunió en la ciudad de Caracas, a un conjunto de destacados especialistas para elaborar el Primer Consenso Nacional de Cáncer Epitelial de Ovario que se realiza en Venezuela. Con la participación de miembros de la Sociedad Venezolana de Oncología, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Anatomía Patológica y Cuidados Paliativos, se procedió en la primera reunión a la selección de la bibliografía y catalogarla según su nivel de evidencia. Una vez escogido el material bibliográfico se procedió a la revisión del mismo dividiendo el trabajo en siete mesas de trabajo, iniciándose la jornada de revisión y de redacción del informe por mesa. En julio de 2013 se celebró la reunión plenaria con la presentación de la revisión por cada grupo de trabajo y el debate de las propuestas en conjunto con la mesa de editores. Posteriormente, entre agosto y noviembre de 2013, se realizó la edición final y corrección de estilo, presentándose un informe preliminar del Consenso el día 14 de septiembre de 2013 en las Jornadas de Oncología de la SVO en Playa Grande, Estado Vargas. La versión final fue presentada a la Revista Venezolana de Oncología, la cual fue aceptada y finalmente publicada en este número.
El trabajo que se ha desarrollado a lo largo de diez meses en este Primer Consenso de Cáncer Epitelial de Ovario en Venezuela, viene a cumplir con una de las principales funciones que la Sociedad Venezolana de Oncología y las sociedades que nos han acompañado tienen con nuestras pacientes: diseñar, promover y difundir las recomendaciones para la atención eficiente, eficaz y oportuna del paciente oncológico.
Sus resultados, los cuales se presentan a continuación, no sólo deben ser una guía para la estandarización de los procedimientos de pesquisa, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer epitelial de ovario acorde con la evidencia científica actual, sino un valioso aporte para exigir a nuestras autoridades de salud la disponibilidad de los recursos para poder ejercer nuestra función de manera eficiente, segura y apegada a los preceptos éticos y humanitarios que nos guían.